RETOS EN LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En primer lugar, en el texto se han mostrado informaciones sobre la sobrecualificación, acerca del éxodo de titulados superiores a otros países y sobre la escasa correspondencia entre el perfil de egresado universitario y las demandas de los empleadores. Sin duda constituyen datos para la reflexión sobre la financiación. También se ha ilustrado la conveniencia de mejorar los procedimientos de valoración de los efectos de la educación, tanto beneficios monetarios como no monetarios. Se necesita avanzar en el conocimiento de los efectos de la educación sobre la productividad individual y social desde una perspectiva amplia. En segundo lugar, pese a las dificultades existentes, los datos muestran que es necesario reivindicar el mantenimiento de la financiación pública de la educación superior. Habrá que idear nuevas fórmulas de sostenibilidad de la financiación que pasen por la involucración de la sociedad civil y las empresas, sin caer en los riesgos que ya ha mostrado la investigación financiada con participación privada, en ocasiones, de excesiva dependencia de los intereses comerciales. Se necesitarán nuevos marcos de participación y una financiación más flexible acompañada de un sistema de becas que garantice la equidad. Finalmente, la búsqueda de una financiación sostenible deberá de acompañarse de un debate sobre el sentido y alcance de la educación superior. En la medida en que la educación superior se halle vinculada con la profesionalización y se encuentre al servicio de la mejora de la productividad, se cuestionará la financiación de ciertas titulaciones de las que, en la actualidad, egresan numerosos graduados que el mercado no absorbe y cuya aportación a la sociedad es cuestionable. En esta misma línea, entre otras fórmulas, deberá considerarse seriamente el impulso de la formación profesional de grado medio y superior y/o de modalidades formativas alternativas a los estudios universitarios. Quizá ciertas experiencias incipientes (como los MOOCs que se han abordado en este texto) puedan constituir, en el futuro, propuestas a considerar. Por otra parte, deberá de replantearse la autonomía universitaria que proclama el artículo segundo dela LOU, estableciendo límites para que no todas las universidades puedan ofrecer todas las titulaciones que deseen (si han sido verificadas en la evaluación ex – ante del ministerio) sino que se proceda a una ordenación más racional y eficiente. En el otro polo, si se considera que la educación superior no posee únicamente esa finalidad profesionalizadora sino que tiene un sentido de preservación y difusión de la ciencia y la cultura en un sentido más amplio, menos instrumental, quizá los criterios para la financiación sean diferentes pero en cualquier caso se requerirá también de una revisión de los parámetros de financiación pública de los estudios universitarios quizá estableciendo una limitación mayor del número de plazas y/o revisando los estudios que deben estructurarse como grado y los que deberían quizá ser un máster. En ambos casos, el debate sobre la financiación es un reto ineludible cuyos resultados condicionarán el presente y el futuro no sólo de la universidad española sino del conjunto de nuestra sociedad.